Camuflados en medio de la naturaleza autóctona, estos organismos (insectos, plantas, animales, etc.) son una de las principales causas de la reducción de flora y fauna nativa en Chile. Su avance es tal, que hoy ya son casi imposibles de eliminar. El castor, los pinos, visones, salmones, e incluso mascotas como perros y gatos de tenencia irresponsable son algunos de ellos.

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Claudio Flores se sentó sobre una de las miles de lengas –árbol también conocido como el roble de Tierra del Fuego– que yacían muertas a lo largo de la rivera. Había recorrido por horas para cazar al culpable de la destrucción de más de 20 mil hectáreas de bosque fueguino, y mientras observaba el dique construido por el animal que se prestaba a matar, vio un movimiento en el agua. El castor. “Era hermoso”, recuerda. Hermoso y enorme: probablemente pesaba más de 20 kilos. Apuntó a la cabeza del roedor que se asomaba en el agua y una ráfaga de 15 pellets salió disparada del rifle de aire. El cadáver flotó a la deriva.

Podría parecer cruel, pero Claudio considera que un disparo efectivo es mucho más misericordioso que las trampas que implementa el Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Acostumbrado a cazar animales plaga, como castores y conejos, Flores siente que con esta labor ayuda al medio ambiente, a pesar de las críticas que de vez en cuando escucha por parte de los animalistas. «Son contradictorias –opina– porque ¿cuánta fauna muere por no controlar a estas especies?». Por esto mismo, gente como Fabián Jaksic, biólogo chileno y Premio Nacional de Ciencias, valora el trabajo de cazadores como Claudio. “El castor no solo está interfiriendo con la fauna de Tierra del Fuego: está eliminando los bosques de lengas y los está convirtiendo en unos pantanos llenos de árboles muertos”, explica el experto.

Tan convencido está Claudio del servicio que presta, que incluso graba videos de sus cacerías y los sube a su canal de YouTube Patagonia Airguns Chile, que cuenta con más de 170 videos y más de 33 mil seguidores. Los que concentran más comentarios positivos (felicitaciones, en su mayoría) y likes (un poco más de tres mil) son aquellos en los que Claudio exhibe sus habilidades para la caza.

Sin embargo, el esfuerzo del cazador puntarenense es fútil. No hay certeza del número exacto de castores que existe en Chile, pero la iniciativa GEF Castores y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a través de su Inventario Nacional de Especies, estiman que podría haber desde 65.000 hasta 250 mil de ellos, principalmente en la Isla Grande de Tierra del Fuego. A pesar de que el SAG ha elaborado proyectos piloto de control, y de que existe un acuerdo entre Chile y Argentina para el exterminio del castor, expertos dicen que el mejor resultado al que se podría llegar es a detener su expansión demográfica y evitar su avance hacia el norte. “Tenemos que dar por perdida Tierra del Fuego y tenemos que defender el continente magallánico”, dice Fabián, refiriéndose a la capacidad del castor para destruir ecosistemas enteros. “Éxitos en erradicación de especies exóticas invasoras tenemos muy pocos en Chile, y han sido en islitas pequeñas: en la isla Santa Clara, en el Archipiélago de Juan Fernández y en la Isla Pingüinos de Humboldt. Tierra del Fuego es una isla gigante. Ninguna posibilidad de eliminar a los castores de ahí.”

A esto se le suma el millonario impacto del castor en distintos sectores: 60 millones de dólares producto, en parte, del daño en pérdida en producción ganadera –puesto que al construir sus diques, el castor inunda terrenos de arreo– y en pérdida de bosques, ya que el roedor corta los árboles nativos para construir represas. Hasta la fecha, su daño se extiende hasta 27 mil hectáreas, el equivalente a un tercio de la superficie de la ciudad de Santiago.

Para empeorar las cosas, el castor no es el único en su clase, sino que es parte de un catálogo de 1.119 especies exóticas asilvestradas/naturalizadas en Chile, es decir, de especies que no son autóctonas, y que en algunos casos llegan a ser invasoras, causando daños a la biodiversidad –producto de la depredación y la competencia por recursos– y a la economía. Paradójicamente, algunos de estos invasores están protegidos por ley.

Especies exóticas invasoras (EEI)

Existe consenso entre los científicos en que las especies exóticas invasoras (EEI) son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad –variedad de seres vivos y ecosistemas– en el planeta. Las especies exóticas son organismos (plantas, animales, insectos, etc.) que llegan a un hábitat que no corresponde a su distribución natural. La gran mayoría de ellas fracasan o sobreviven en un lugar muy acotado del lugar que “colonizan”; hasta este punto son consideradas solamente como especies exóticas, naturalizadas o asilvestradas. No todas son dañinas. Algunas de ellas incluso son utilizadas como fuente de sustento por algunos chilenos (la rosa mosqueta o el membrillo, por ejemplo). Sin embargo, cuando adquieren el adjetivo de “invasoras”, es decir, cuando son capaces de establecerse y reproducirse exitosamente en ese nuevo ecosistema en desmedro de las especies nativas, es que se convierten en un peligro para la biodiversidad. Son un peligro porque depredan y compiten por recursos (agua, sol, comida, territorios, etc.) con organismos autóctonos, los que usualmente ven reducidas sus poblaciones producto de estas invasiones.

El salmón es una de estas especies invasoras, siendo tan benéfico como perjudicial. A nivel comercial, durante 2019 su exportación superó los 5 mil millones de dólares, convirtiéndolo en el segundo producto más exportado, según Salmón Chile. Por otro lado, su introducción en los cursos de agua ha significado la disminución de peces y crustáceos nativos, debido a la competencia por recursos, depredación y transmisión de enfermedades. “Acabaron con toda la biodiversidad de agua dulce de nuestro lado del continente. Y nosotros ni siquiera sabíamos qué tipo de especies vivían ahí”, explica Eduardo Raffo, coordinador regional de Fauna Silvestre del SAG en Los Ríos.

Pese al daño que causan, algunas de las especies de salmón –en nuestro país hay 14, según el Inventario Nacional de Especies– están protegidas por periodos de veda. Es decir, su extracción se prohíbe esporádicamente para asegurar su reproducción. Lo mismo sucedía con el ciervo rojo, que hasta enero de 2015 también estuvo protegido, a pesar de ser una especie exótica invasora. La razón, en ambos casos, es la misma: económica. A la explotación del salmón se le suma la de este mamífero, el cual llegó a Chile por dos vías: desde Alemania y Argentina. En el primer caso se trató de una importación destinada a los cotos de caza; en el segundo, los animales cruzaron la cordillera por su cuenta. No se sabe con certeza cuántos ciervos exóticos hay hoy en Chile, pero en 2007 el Censo Agropecuario del INE contabilizaba 5.827 cabezas en criaderos. El kilo de carne de este animal puede fluctuar entre $6.000 y $22 mil –el peso promedio de uno listo para faenar es de 100 kilos– según un informe de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura (2009).

El castor también es una especie invasora. Originario de Norteamérica, se puede encontrar en el sur de Chile desde la década de 1940, cuando se intentó instalar una industria peletera en la zona argentina de Tierra del Fuego, iniciativa que no prosperó. Al ser liberados, estos roedores –que en un comienzo no eran más de 20– se multiplicaron y fueron avanzando hasta llegar a nuestro país.

Pero el problema de especies norteamericanas en Chile no se queda ahí. El visón es otra especie exótica invasora, considerada una de las más dañinas, que también llegó a Chile gracias a la industria peletera del siglo XX. Presente desde la región de la Araucanía al sur, este mamífero es conocido por su excelente habilidad de nado y su feroz apetito: en un mes puede llegar a consumir casi mil peces y quinientos cangrejos. Además, la variedad de su dieta no se limita a animales marinos: incluye aves, insectos y mamíferos. 

Para el sustento de pequeños agricultores, el ataque de un visón puede ser fatal. “Puede llegar a matar 130 gallinas”, ilustra Eduardo Raffo. Según estima, el daño causado por estos ataques puede costar el ingreso de un año para un pequeño productor. En esta misma línea, el Ministerio del Medio Ambiente y otras organizaciones internacionales calculan que cada año se pierden más de 9 millones de dólares –equivalente al costo anual de 155 carreras de Medicina en la Universidad de Chile (siete años de estudio; costos aranceles 2021) o a 18 buses eléctricos– producto de ataques tanto a ganadería como a fauna silvestre.

La médica veterinaria Belén Bustamante trabajó en el control y captura del visón en Chiloé durante 2019 y acredita la voracidad de la especie. “Su dieta es bastante amplia y suelen atacar a las presas más fáciles, que acá en el norte de Chiloé son los pollos”, dice. Explica que una forma de reconocer el ataque del pequeño mamífero a la ganadería avícola es la ausencia de la cabeza y/o cuello en las gallinas. Aparte de eso, suelen regresar durante varias noches seguidas a los gallineros, hasta liquidar a toda la población. Según relata, es normal que los productores decidan cambiar de rubro porque perdieron a todas sus aves tras el ataque de este mamífero. A ello se le suma el ataque de visones a mascotas, terneros recién nacidos, aves de nidificación en suelo, cisnes de cuello negro e incluso a pudúes. Para rematar: poseen una gran capacidad de desplazamiento –pueden nadar desde el continente a Chiloé y viceversa– y ferocidad. Incluso en cautiverio es difícil practicarles la eutanasia porque atacan a cualquiera que se le acerque, según cuenta Belén.

No existe certeza de cuántos visones hay en Chile, pero su población ha aumentado durante las últimas décadas hasta el punto de desplazar especies nativas como el huillín, nutria nativa con la que suelen confundirlo.

La permanencia a lo largo de los años de las especies exóticas invasoras tiene otro efecto: se mezclan a tal punto con la naturaleza nativa que ya no podemos distinguirlas como especies “exóticas”. El plátano oriental, los perros, gatos, los pinos y eucaliptos, son ejemplo de ello. El director del Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Aníbal Pauchard, advierte que con su avance se pierde la identidad de los ecosistemas naturales, produciendo en el largo plazo lo que se denomina “homogeneización biocultural”. “Es como la macdonalización. A donde vayas hay McDonald ‘s. Esto sería algo parecido, pero en la naturaleza”, explica. Dicho de otra manera: con las invasiones se va perdiendo poco a poco lo que hace única a la naturaleza chilena.

Pauchard y otros científicos incluso llegan a comparar a las especies exóticas invasoras con el reciente y explosivo avance del virus SARS-CoV-2. Según explican en artículo de la revista Trends in Ecology and Evolution, “este brote vírico presenta rasgos típicos de una especie invasora: aparición repentina, rápida proliferación y propagación, adaptación a nuevos entornos (o huéspedes), dispersión geográfica a gran escala a través de las redes de transporte humano, y repercusiones significativas, en este caso sobre la salud y el bienestar humano.”

La introducción de especies de un territorio a otro no es nueva. Por el contrario, ha sido un proceso natural desde hace millones de años, y el ser humano ha sido parte de ello, de manera intencional y accidental. El auge del comercio y la globalización desde el 1500 en adelante aceleró exponencialmente esta transformación, que en la naturaleza solía demorar generaciones. Ya en los relatos de Cristóbal Colón se habla del traslado de cultivos y ganado a América, sin considerar las ratas y otras pestes que llegaron a nuestro continente como polizones en los barcos europeos. Documentos históricos como “Juan Fernández: La historia verdadera de Robinson Crusoe”, de Benjamín Vicuña Mackenna, relatan que Alejandro Selkirk, pirata escocés abandonado tras discutir con el capitán de su barco en 1703, sobrevivió durante cuatro años en el Archipiélago de Juan Fernández gracias, en parte, a las cabras que habían sido introducidas previamente y que hoy en día representan un peligro para la flora debido su capacidad depredadora.

Más de 500 años después, el transporte marino sigue siendo un gran medio para el traslado de las EEI. Además de aquellas que son trasladadas de manera intencional en sus bodegas, varias especies marinas, principalmente moluscos y algas, son llevadas como “polizones”, ya que se adhieren a la parte sumergida de los buques o al agua de lastre –agua marina que ingresa a los barcos para otorgar estabilidad– logrando viajar miles y miles de millas. En la actualidad existen esfuerzos internacionales para evitar este tipo de invasión, como el “Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos”, que busca que los buques gestionen su agua de lastre, reemplazándola en alta mar, para evitar introducir organismos exóticos en los puertos de destino.

Las especies chilenas también han sido afectadas por estas irrupciones. Las características topográficas del territorio, aisladas del resto del continente, permitieron el desarrollo de flora y fauna con un alto nivel de endemismo, es decir, que son especies que solamente pueden ser encontradas en nuestro país. Osvaldo Vidal, profesor asociado del Laboratorio de Botánica de la Universidad de Magallanes, menciona que Chile es prácticamente una “isla biogeográfica”. “Tenemos un océano a un lado, un desierto en el norte, la cordillera de los Andes al otro lado, y los glaciares en el sur”, explica.  Pese a la riqueza biológica, la limitada distribución, y a veces reducida población de algunas plantas y animales, implica que cualquier cambio en su entorno puede afectar seriamente a su número. Que sea endémica no significa que una especie sea más vulnerable a las invasiones, pero sí hace más sentida su pérdida. “Es mucho más lamentable que un lugar con alto nivel de endemismo sea invadido en comparación con un lugar con bajo nivel”, explica Vidal. Y este es el caso de Chile: de las 31 mil especies registradas, 25% son endémicas. Es más: aproximadamente 40% del país se considera como uno de los 35 hotspots o puntos calientes de la biodiversidad que existen en el mundo. La importancia de los hotspots es enorme: son zonas que contienen al menos el 0,5% de todas las plantas vasculares del mundo –aquellas que contienen raíces, tallos y hojas– lo que en la práctica equivale a poseer 1.500 especies o más.

Mascota intrusa

José (18) –no es su verdadero nombre– siempre había criado ovejas, pero cuando llegó en 2020 a la casa de sus abuelos en Mulchén, región del Biobío, recién obtuvo sus primeras cinco. Por eso le dio tanta rabia cuando encontró el cadáver desgarrado de una de ellas. “Ni se las comen. Las matan y se van”, explica, refiriéndose a los perpetradores: dos perros vagos quienes ya habían atacado a otras ovejas en la zona.

—¿Denunciaste el ataque?

—Los ataques de perro no se denuncian, ya que nadie vendrá a capturarlos. Nadie ayuda.

El mismo día del ataque, en enero pasado, José mataría por primera vez a un perro para así “cobrar justicia” por su oveja muerta. Sin embargo, lo que hizo José fue ilegal; de ahí que pida el anonimato para dar su testimonio. El Código Penal chileno establece penas de cárcel de hasta tres años y una multa de hasta 1.5 millones de pesos a quienes “causaren lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o provocaren la muerte del animal”. Es por ello que existe un pacto de silencio entre ganaderos en relación a la caza de perros producto del daño de los ataques y la falta de control de las poblaciones caninas por parte de las autoridades. Es un secreto a voces el hecho que algunos productores matan a los perros que entran a sus terrenos. Hay cazadores que aseguran que los ganaderos  pagan por cada perro muerto en Tierra del Fuego. Es que la decisión parece lógica para los productores: es matar a un can o perder el sustento económico.

Según estimaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para 2019 existían 3.6 millones de perros, de los cuales casi 700 mil no tenían dueño y/o eran callejeros. Hasta febrero de 2021 solamente 1.2 millones de estos canes estaban correctamente inscritos en el Registro Nacional de Mascotas, pese a que la Ley 21.020, también conocida como Ley de Tenencia Responsable o Ley Cholito, obliga a los dueños a registrar a sus mascotas. En consecuencia, menos de la mitad de los perros en nuestro país tienen un chip instalado, y por lo mismo no se sabe con certeza quién es el propietario que debe hacerse cargo de los eventuales daños que estos podrían causar.

En paralelo, las cifras de ataques de perros están subvaloradas. Según datos recolectados por la Asesoría Técnica Parlamentaria para un proyecto de ley que declara a los perros como especie exótica invasora –Boletín N° 12.271-01– sobre las denuncias de ataques de perro al ganado realizadas al SAG, entre 2012 y 2018 los canes habrían sido responsables de la muerte de 6.689 cabezas. Muy por encima de esta cifra, la Encuesta Ganado Ovino 2017, que recolecta la información en terreno en vez de depender de denuncias, le atribuye al perro la muerte de más de 23 mil cabezas –solamente contabilizaron datos de rebaños de más de 60 cabezas, por lo que esta cifra puede ser mayor–, convirtiéndolo en el mayor depredador de ovejas del país. En comparación, el puma solamente representa casi el 12% (algo más de 8 mil cabezas) de los ataques de depredadores a ganado ovino.

Cristian Fuentealba, gerente de la Cooperativa Campesina Baker, ubicada en la comuna de Cochrane, en la región de Aysén, coincide con este diagnóstico: los ataques de perro superan con creces el ataque de fauna salvaje y no se obtiene nada con denunciarlos. Para la cooperativa, compuesta de 42 familias que dependen en gran parte del comercio de lana para subsistir –rubro que aporta alrededor del 40% de las ventas de la agrupación, según Cristian– los ataques de perros son un golpe duro para su sustento económico. A veces es tal el impacto que algunos agricultores deciden sencillamente cambiar de rubro.

Quizás el caso más emblemático sea el de Belisario Paredes (43), un ganadero ovino del sector que fue víctima de dos grandes ataques. El primero fue en 2014, año en que perdió 73 ovejas en el lapso de dos meses. Belisario cree que los perros pertenecían a unos vecinos, y por esa razón, según cuenta, hizo la denuncia a Carabineros. De forma paralela a la investigación, Paredes recolectó evidencia fotográfica sobre los ataques que se iban haciendo cada vez más frecuentes, e incluso logró identificar a los perpetradores: una jauría de seis perros. Sin embargo, la investigación oficial no progresaba y Belisario seguía perdiendo ovejas. Para cuando finalmente el tema escaló a tribunales, dice, dejaron sin efecto su denuncia por falta de pruebas. Frustrado, admite que hubiera sido más fácil matar a los perros que hacer todo el proceso.

El segundo ataque lo sufrió en 2020 y fue más brutal: perdió a 130 ovejas en solo una semana. La noche más sangrienta, la del 24 de junio, perdió a 70. Las que sobrevivieron quedaron gravemente heridas o mutiladas; Belisario las tuvo que degollar y quemar. Anímicamente aún no se recupera de eso, según reconoce. “No entiendo cuál es el afán del perro –dice– El puma y el zorro matan uno o dos por comer, y es entendible. Está bien y dentro del porcentaje de pérdida que puede tener uno. Pero los perros no. Los perros atacan y te dejan la escoba en un rato”. Actualmente, solo le quedan ocho ovejas, que mantiene en un rancho cerrado de 10 metros cuadrados. No salen de ahí sin vigilancia. “Para su protección”, explica.

Después de ese ataque Belisario abandonó la cría de ovejas y hoy es funcionario de la Municipalidad de Cochrane. No deja, eso sí, de lamentar su pérdida: cada una de ellas tenía un valor aproximado de 60 mil pesos, por lo que comprar 70 ovejas costaría cerca de 4.2 millones de pesos. Sin embargo, al ser ovejas de producción de lana, Belisario calcula que, de haber mantenido las 130 ovejas, en tres años hubiera obtenido 25 millones de pesos de la esquila. Es un ingreso que le hubiese gustado tener para pagar los estudios universitarios de su hijo.

Los perros son un problema grave no solo para los ganaderos, sino también para la fauna nativa. Según un estudio de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre 2007 y 2012 habrían muerto 128 individuos, entre ellos lobos marinos, guanacos, pingüinos, huemules, fardelas y otros, producto del ataque de perros y gatos. El perro, según este mismo informe, era responsable del 75% de esas muertes. Pero, al igual que sucede con la pérdida de ganado, esta cifra no corresponde a la realidad. Según indican desde Conaf, apenas uno de cada cinco ataques a la fauna silvestre es reportado. Otros estudios también apuntan al perro como principal agresor: desde el Ministerio del Medio Ambiente indican que la mayoría de los pudú que llegan a los centros de rehabilitación lo hacen heridos por ataques de perro. Un 68% de ellos no sobrevive. Otra víctima indirecta de los perros son los cóndores. Los ganaderos, en un esfuerzo por deshacerse de los canes que atacan a su ganado, envenenan carroña que posteriormente consumen estas aves. En febrero de este año 35 cóndores fueron encontrados muertos por esta causa en Tarija, Bolivia. Un caso similar ocurrió en la localidad de Los Andes en 2013.

La caza no es la única problemática. Al igual que el resto de las especies exóticas invasoras, los perros son capaces de transmitir enfermedades a la fauna: sarna, distemper, rabia, entre otras. Miguel Diaz, médico veterinario y miembro del Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica de Conaf, denuncia que no existen herramientas suficientes para controlar la población de perros dentro de áreas protegidas del Estado (parques nacionales, reservas marinas, etc.). Los actuales mecanismos de control se pueden resumir en programas de educación y tenencia responsable para las poblaciones aledañas, prohibición de ingreso de mascotas, y la captura y retiro de perros. “Yo puedo andar con un palo espantando a los perros para que no ataquen a los huemules, pero eso es una solución inadecuada para un problema gigante”, ilustra. Reclama que los perros domésticos se encuentran en una posición de privilegio, por encima de la fauna nativa. Por esto mismo, Miguel es partidario de legislar para que se aprueben métodos de control eutanásico, como sucede en España, Estados Unidos o Australia. Organizaciones como el Colegio Médico Veterinario, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre y otras organizaciones veterinarias, respaldan este tipo de mecanismo.

Pese a existir consenso en el mundo de la preservación biológica sobre el daño que causan las mascotas de tenencia irresponsable, como los perros, también se reconoce que es difícil avanzar hacia una legislación que permita su caza o eutanasia, debido a la polémica que genera el tema. El 31 de enero de 2015, el decreto 65 introdujo varias modificaciones a la Ley de Caza. Una de ellas reconocía a las “jaurías de perros salvajes o bravíos” como animales dañinos, y por lo mismo permitía su caza en todo el territorio nacional. No obstante, tras diversas protestas y demandas por parte de agrupaciones de animalistas, el decreto fue derogado apenas 18 días después de su promulgación. 

Francisca Astorga, miembro de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre (Amevefas), también denuncia la posición de privilegio en la cual se encuentra el perro con respecto al resto de la fauna. Dice que, a pesar de que se realizan controles habituales tendientes a reducir el número de individuos de especies invasoras, los perros tienen “buena prensa”. “La gente no hace protestas para que no maten castores, pero sí para que no maten perros”. Por ello su postura es tajante: “cuando no los controlas (a los perros), lo que estás haciendo es matar pudú indirectamente”, dice a modo de ejemplo, puesto que los canes son unos de los responsables de la disminución de pudúes en Chile.

Además de ser un tema muy controversial en la ciudadanía, a este factor se le suma una serie de inexactitudes durante las pocas oportunidades que se ha tenido para legislar sobre la materia. En el Congreso Nacional reposan desde hace al menos dos años, dos proyectos de ley –boletín 12.411-11 y 12.271-01– que permitirían el control letal de perros en Chile. Ambas mociones, cuyas diferencias radican en quiénes estarían facultados para llevar a cabo dicho proceso, tienen un error en común: apuntan a controlar los perros asilvestrados, definidos como aquellos que perdieron su condición de domésticos, y por lo mismo, no dependen del ser humano para su supervivencia. Según opiniones de ecólogos y veterinarios, el problema es que en Chile casi no existen perros asilvestrados: el daño causado tanto en fauna como en ganadería proviene de perros con dueño.

Si bien reconoce el daño provocado por estos animales, Mónica Madariaga (30), abogada voluntaria de la Fundación Abogados por los Animales (APLA),  defiende la prohibición de métodos de control letal en perros debido a que ellos, al igual que las personas y el resto de los animales, son seres conscientes, capaces de sentir dolor y placer. Además, recalca que somos los humanos los únicos responsables de la condición y conducta de los perros. Su opinión se extiende también al resto de las EEI. “No nos queremos responsabilizar de nuestras acciones y queremos castigar a los animales que no tienen la culpa de ser introducidos. Los perros no tienen la culpa de ser abandonados o de salir sin supervisión”, explica a la vez que aboga por mayor fiscalización y medidas más duras a quienes no cuiden adecuadamente a sus mascotas.

Sin embargo, no todos los animalistas son tan radicales. Cristian Apiolaza, director legal de Vegetarianos Hoy –ONG parte del movimiento #NoSonMuebles en conjunto con APLA y otras organizaciones– si bien no es partidario de la matanza de animales, reconoce que en ciertos casos será inevitable utilizar métodos eutanásicos para proteger a la naturaleza. “Creo que la excusa filosófica (de que los animales sienten igual que los humanos) se queda corta frente a este tipo de problemática, porque no aportan ninguna solución al problema. Es un argumento más bien antiguo, de cuando el movimiento de los derechos de los animales reclamaba pero no se hacía cargo del tema de fondo, que es la preservación de la naturaleza.”

Los esfuerzos estatales para su control

El Estado chileno lleva varias décadas de experiencia en el control de especies exóticas. Ya en 1953, el presidente Carlos Ibáñez del Campo transmitía al Congreso su preocupación sobre el perjuicio económico que causaba el conejo a los agricultores del extremo sur. Es más, para ese entonces la Sociedad Exploradora de Tierra del Fuego ya había invertido, sin mucho éxito, 18 millones de pesos en el exterminio del roedor (lo que equivaldría a más de 800 billones de pesos, según la calculadora del IPC del Instituto Nacional de Estadísticas). Incluso, ya en 1947 se puede encontrar proyectos de ley que otorgaban mayores potestades al Ministerio de Agricultura para la prevención de plagas, como la Ley de Policía Sanitaria Vegetal, aprobada en el mes de mayo de ese año.

Los esfuerzos no han sido en vano. Hoy Chile es reconocido internacionalmente como un país libre de plagas (la de la mosca de la fruta, la fiebre porcina, entre otras). No obstante, desde el siglo pasado esos esfuerzos se han realizado desde un punto de vista exclusivamente económico, buscando proteger a los sectores productivos –el silvoagropecuario, principalmente– de la economía. Hasta ahora, la preservación de la biodiversidad no ha sido bandera de lucha de ningún gobierno y, por ende, tampoco ha sido prioridad para las instituciones que tienen potestades para realizar dicho control: el Servicio Agrícola Ganadero y la Corporación Nacional Forestal, ambos del Ministerio de Agricultura; el Servicio Nacional y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ambos del Ministerio de Economía.

Lilian Ibáñez, encargada de la sección de Análisis de Riesgo de Plagas de la división de Protección Agrícola y Forestal del SAG, confirma esta postura. “Cuando tenemos que determinar si se controla o no una plaga, si bien se mide el impacto de ella en la naturaleza, se priorizan aquellas plagas que generan un impacto muy importante o grave a los sectores productivos.”

El Ministerio del Medio Ambiente, organismo que debe velar por la protección de la naturaleza, incluso por sobre los intereses económicos, hasta el día de hoy no posee instrumentos jurídicos para efectuar control y/o exterminio de EEI de manera directa. De hecho, no existe un marco legal que permita al Estado hacerse cargo de forma coordinada y sistemática de las especies exóticas invasoras. Es elocuente que las herramientas utilizadas hasta el día de hoy para el control de EEI no hayan sido creadas con ese propósito, a excepción de las estrategias y planes nacionales elaborados por las autoridades medioambientales, y que ven limitadas sus acciones por el marco jurídico vigente. Ejemplo de ello es la actual Estrategia Nacional de la Biodiversidad (2017-2030), que aborda el control de EEI, pero reconociendo que sin un brazo ejecutor, en este caso un Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (más adelante se profundizará sobre esto), se dificultaría el cumplimiento de las metas establecidas.

Algunas de las herramientas utilizadas hoy en día para el control de EEI son la Ley de Caza y su respectivo manual –en donde ni siquiera se menciona el término “invasora”– , que regulan la caza, captura, crianza y conservación de animales de fauna silvestre, y que reconocen y permiten controlar a solamente 20 especies en todo el país, catalogadas como especies dañinas. Una especie dañina es aquella que “por sus características o hábitos, naturales o adquiridos, está ocasionando perjuicios graves a alguna actividad humana realizada en conformidad a la ley, o está causando desequilibrios de consideración en los ecosistemas en que desarrolla su existencia”. Junto a ello, los artículos 37 y 70 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, permiten clasificar y gestionar especies, y proponer planes y políticas de recuperación y conservación, respectivamente. Por último, se consideran las potestades de cada institución involucrada en el tema para actuar sobre plagas, malezas, áreas protegidas o el ingreso de especies al país.

Sin embargo, la mayoría de estos poderes (con excepción de la Ley 19.300) no fueron destinados para el control de EEI o para la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo: las políticas de protección fitosanitarias implementadas por el SAG o el control que realiza Aduanas en los puntos de acceso al país. Lo más probable es que existan otras herramientas, pero lo fundamental es que ninguna de ellas soluciona el tema principal: en la mayoría de los casos en nuestro país se realiza el control de EEI para proteger la producción económica y no a la naturaleza.

Es significativo que en 1995 Chile ratificara el Convenio de la Diversidad Biológica, un tratado internacional que busca la conservación de la biodiversidad global y que había entrado en vigor en 1994. Recién entonces, se comenzó a mirar el problema desde un punto de vista medioambiental. Si bien es cierto que existieron algunos programas que buscaron controlar a las EEI antes de esta fecha, como el “Plan de Manejo y Adaptación del Ciervo Rojo” de Conaf, en 1975, ellos fueron realizados en lugares muy acotados y no tuvieron la continuidad necesaria para tener un impacto relevante.  “En especies que son plagas sanitarias hay experiencia de muchas décadas, pero mirar el control desde la protección de la biodiversidad es algo mucho más reciente”, explica Charif Tala, jefe del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente. 

También en 1994 se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), que diseñó las primeras estrategias y planes nacionales para enfrentar esta problemática. Sin embargo, esto no solucionó el tema de fondo: no existe una institución que posea las potestades necesarias para hacerse cargo de las especies invasoras. Es más, hoy en día las capacidades que tienen las organizaciones gubernamentales para realizar control dentro de zonas prioritarias se ven obstruidas por un complejo sistema de administración de áreas protegidas (véase siguiente cuadro).

«El SAG tiene jurisdicción como servicio fuera de las áreas urbanas y no dentro de parques nacionales; porque el que tiene jurisdicción de los parques es Conaf. Pero sucede algo extraño; si Conaf quiere hacer caza de EEI, tiene que pedirle permiso al SAG, igual. Nosotros no podemos entrar a parques nacionales y hacer acciones sin permiso. El tema se puede complejizar, porque hay santuarios de la naturaleza que son propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, administrados por Conaf. Entonces ahí hay que pedir autorización a ambos, y al final tienes un enredo enorme», explica Eduardo Raffo, del SAG. «Por eso hay que llevarse bien con los colegas», concluye, tratando de tomarse con humor el embrollo administrativo.

El Comité Operativo para la Prevención, el Control y la Erradicación de las Especies Exóticas Invasoras (Cocei) se creó en 2005, agrupando a trece instituciones que, a primera vista, tienen poco en común, pero que de alguna u otra forma poseen potestad para actuar sobre este tema. Ellas son el Ministerio del Medio Ambiente (que actúa como coordinador), el SAG, Conaf, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) –estas primeras cinco son las más activas, según reconocen integrantes de la comisión–, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), Carabineros de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Museo Nacional de Historia Natural, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medioambiente de la PDI (Bidema), el Servicio Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

El comité, reconocido oficialmente en 2013 mediante una resolución exenta, ha sido el único organismo estatal enfocado exclusivamente al control de especies exóticas invasoras. Sin embargo, pese a su nombre, poco de “operativo” tiene el Cocei, puesto que sus labores se limitan a asesorar y proponer a las autoridades en lo relativo al manejo de las EEI: no realizan labores en terreno. Hasta la fecha, su trabajo ha consistido principalmente en dar luces sobre el impacto de las EEI en nuestro país mediante informes y asesorías. Ejemplo de ello es la primera lista de Especies Exóticas Naturalizadas/Asilvestradas o el informe “Valoración económica del impacto de siete especies exóticas invasoras sobre los sectores productivos y la biodiversidad en Chile”, ambos ya mencionados en este reportaje.

“Lo que pasa es que el Cocei no es un órgano de la administración del Estado, sino que es un comité de coordinación de distintos servicios públicos. Por lo tanto, las facultades y potestades del Cocei están limitadas a las que están mencionadas en la resolución, y es un órgano de asesoramiento más que uno de ejecución de programas de control de especies exóticas”, admite Charif Tala, quien también es miembro del Cocei. Es significativo que hoy, en 2021, la imagen del Cocei sea la misma que resumía el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en un informe de hace poco más de una década: un “foro para intercambio de información” y ”un cuerpo coordinador”.

El comité, que entre el 2013 y 2020 se reunió entre dos a seis veces al año según constatan sus actas, ha participado de la creación del Comité Operativo para el Control de Visones, del proyecto GEF Castores –los cuales funcionan de manera separada al Cocei y sí realizan labores en terreno–, en campañas de sensibilización y comunicación a la ciudadanía sobre EEI (en 2020 solamente compartieron 12 publicaciones, de las cuales cinco fueron por redes sociales y el resto por medios digitales), mesas intersectoriales sobre tenencia responsable de mascotas, ha promovido la coordinación entre distintos servicios públicos sobre invasiones biológicas, y otras labores.

Sin embargo, las mismas actas  evidencian que el trabajo del Cocei ha sido lento. El comité trabaja en un Plan de Acción Nacional para la Gestión de EEI desde 2013 (actualmente cuentan con una versión preliminar, según dicen sus miembros) sin el cual no pueden cumplir con su más urgente mandato: crear el Programa Nacional Integrado para la Prevención, el Control y la Erradicación de las EEI. Además, desde 2016 se viene trabajando en una lista de EEI priorizadas. Para abril de 2018 se reconoció la carencia de una “definición clara y transversal para definir el carácter invasor de una especie”, según se lee en su registro. “De 2017 en adelante se empieza una revisión de qué estaban haciendo las instituciones para el control EEI, y ahí descubrimos la brecha normativa en el país y el lenguaje ambiguo empleado por algunas instituciones (para definir EEI). Algunas ni siquiera las consideraban o las conocían”, explica Miguel Díaz, quien participa en este comité desde hace varios años. Agrega que fue necesario instalar el concepto dentro de las distintas instituciones con potestades en el control de EEI e iniciar un programa de capacitación. Sobre el plan de acción, comenta que sí estuvieron trabajando en ello después de haber abordado el tema anterior, pero que desde 2019 en adelante “el Cocei entró en una inexplicable latencia, que yo no acierto a comprender todavía (entre 2019 y 2020 se reunieron solamente cuatro veces), porque a todas luces el tema del control de EEI en Chile requiere acción, inversión y que las instituciones se comprometan mucho más de lo que están haciendo hoy día, que es básicamente una labor de difusión, de denuncia, y de control en algunos casos.”

Charif comenta que en la actualidad siguen trabajando en el plan de acción para que este se ajuste a la actual Estrategia Nacional de la Biodiversidad 2017-2030. Una vez terminado, este documento será uno de los pilares del programa nacional para la gestión de EEI.

El Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas

Tras cinco años de discusión –ocho, si se toma en cuenta su primera versión, retirada en 2014– el 24 de julio de 2019 el Senado aprobó el proyecto que creaba el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) –Boletín 9404-12– para continuar su tramitación en la Cámara de Diputados. De ser aprobada también en esta instancia, la iniciativa, que se solicitó luego de la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 2010, se convertiría en el brazo ejecutor de la entidad medioambiental que, entre otras funciones, se encargaría del control de EEI en todo Chile.

“Es un proyecto que por primera vez va a crear un organismo público que va a permitir implementar en terreno las políticas y normas que se han dictado en materia de biodiversidad”, explica Lorna Puschel, ex jefa del Departamento de Legislación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Como tal, Puschel participó tanto de la redacción del documento como de las discusiones siguientes, y le entusiasma que el proyecto pueda definir por vez primera en un cuerpo legal qué es una especie exótica invasora, y que se ordene el caos administrativo que actualmente existe en torno a ellas. “La norma no solamente va a ordenar las categorías (de áreas protegidas), integrando ecosistemas marinos y terrestres bajo un mismo lineamiento, también va a concentrar atribuciones, teniendo una mirada integral del sistema. Y la otra patita, quizás menos conocida, tiene que ver con los instrumentos que se generan para la conservación fuera de las áreas protegidas”, señala.

Son varios los instrumentos que tendría el SBAP para la gestión de EEI en caso de ser aprobado. Además de ejecutar directamente el control y/o exterminio de especies invasoras dentro de áreas protegidas sin necesitar la previa autorización de otro servicio público –como sucede en la actualidad–, también podría hacerlo fuera de ellas en coordinación con el SAG y la Subpesca. En paralelo, junto con estas dos instituciones, podría permitir o prohibir el ingreso de especies exóticas al país, entre otras atribuciones. 

Si bien el SBAP es un proyecto que viene a llenar un vacío en materia de protección de la biodiversidad en todo el país, su tramitación lleva ya casi 11 años y aún no hay certeza de cuándo podría ser aprobado (o rechazado). “Yo creo que (no tendremos que esperar) otros 11 años”, opina Sharif Tala. “Es absurdo que se demore tanto un proyecto de ley de esta naturaleza, entendiendo que es un mandato de la ley de bases. Pero esa discusión se ha demorado porque, de ser creado el SBAP, tendría facultades para meterse en ciertos sectores de la producción, y hay una parte del propio Estado a la que eso no le parece muy adecuado.”

En general, son cuatro los motivos que ayudan a explicar el retraso en la tramitación del proyecto. El primero apunta a errores técnicos: la versión inicial –boletín 7487-12– no tuvo el piso político para siquiera votar su discusión, ya que era, según la opinión de distintas personas del mundo de la conservación, simplemente una mala moción. “Nosotros teníamos algunas observaciones importantes, habían falencias en ese proyecto de ley, en forma y fondo. Sin embargo, también habían muchas cosas interesantes y novedosas que nosotros corregimos y además agregamos (al segundo proyecto)”, explica Alejandra Figueroa, ex jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA entre 2014 y 2018, y quien lideró la tramitación del segundo proyecto. Esa primera versión del SBAP que carecía, entre otros aspectos, de artículos que protegían a los humedales, fue enviado en marzo de 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, debido a que la Ley 20.417 (2010) obligó al Ejecutivo a mandar al Congreso en no más de un año una moción que creara un servicio de la biodiversidad.

El segundo factor está dado por la consulta exigida por comunidades indígenas, la que se realizó entre 2016 y 2017, en donde participaron casi 11 mil personas en más de 600 encuentros. No obstante, durante el proceso se  manifestaron críticas a la propia instancia consultiva, por ser realizada después de haber sido ingresado el proyecto de ley al Congreso y no antes. 

Lo que varios llaman, eufemísticamente, una “falta de empuje político constante”, constituye un tercer factor. “Desde el Ejecutivo (tanto en los gobiernos de Piñera como de Bachelet) ha habido un genuino interés en avanzar en la tramitación. Sin embargo, (el SBAP) no es un proyecto que fuese especialmente relevante para ninguno de los dos presidentes, para decirlo sinceramente. Y, al menos en el gobierno pasado (Bachelet), tampoco era el caballito de batalla para los ministros. Creo que eso también es parte de las razones de por qué se ha demorado tanto”, agrega Lorna.

Finalmente, la oposición de algunos de los sindicatos de Conaf a la iniciativa también ha demorado el avance del SBAP. Alejandra Figueroa considera que el proyecto se “entrampó” cuando los sindicatos comenzaron a oponerse a la propuesta debido a que el SBAP reemplazaría la labor de Conaf en áreas protegidas. En paralelo, según se evidencia en diversos correos que los representantes de los trabajadores forestales han enviado a los congresistas, su principal reparo tiene que ver con temas laborales.

Con todo, incluso cabría identificar un quinto factor, dado por el tamaño del proyecto: hasta la fecha posee más de 100 artículos y acumula más de 1.400 indicaciones. Solamente el primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales tenía más de 700 páginas, y los cuatro informes siguientes acumulan más de 600.

Nueva Constitución y preservación de la biodiversidad

Es difícil prever cómo la Convención Constitucional y la nueva Constitución incidirán en el control de especies exóticas invasoras. Lo cierto es que la conservación del medio ambiente es un tema que está presente en la discusión. En la consulta “Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía” (2016), un 34.02% de los 90 mil entrevistados se manifestó a favor de incluir en la carta magna el respeto y la conservación de la naturaleza; y varios de los constituyentes electos también están a favor de esto. Incluso, 64 constituyentes han firmado a favor de la iniciativa #NoSonMuebles –Mónica Madariaga de APLA y Cristian Apiolaza de Vegetarianos Hoy fueron parte del equipo que redactó la propuesta– que busca integrar a los animales en el nuevo documento. Al margen de qué valores y principios lo integren –sea el reconocimiento de los derechos de los animales o la protección medioambiental–, es un hecho que estos no siempre se cumplen en la realidad. Sin ir muy lejos, la actual Constitución asegura que todas las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente sano, pero nueve ciudades chilenas lideran el ranking de las más contaminadas a nivel sudamericano, según el informe World Air Quality Report (2020) de IQAir en conjunto con Greenpeace y otras organizaciones.

El tema tampoco puede seguir siendo postergado. El aumento de temperaturas producto del cambio climático –que cada vez será mayor si no se realizan acciones, como indicó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) hace apenas unas semanas– favorecería el avance de especies invasoras en desmedro de las nativas, según el documento del Ministerio de Ciencias “Impactos del Cambio Climático en la Biodiversidad y en las Funciones Ecosistémicas de Chile”. Algunos de los que se verían beneficiados son el visón, el pino, la rana africana, entre otros.

Para cuando este reportaje se terminó de escribir, el proyecto del SBAP se encontraba desde hace dos meses reposando en su segundo trámite constitucional en la comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados.

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